Posted: Jhon M. Ackerman
La ley es siempre un arma de doble filo. Dependiendo del contexto de aplicación y los intereses en juego, la norma puede fungir como un instrumento de represión o de liberación. Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, la regla ha sido la utilización de la ley para consolidar el autoritarismo, encubrir la corrupción y ensanchar la desigualdad. Sin embargo, durante la breve ventana democrática que se abrió entre 1996 y 2003, la intensidad del contexto político y social logró imponer algunas reformas que prometían invertir la flecha de la legalidad autoritaria y empoderar a la ciudadanía.
Una de las reformas más importantes fue la aprobación, en 2002, de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esta ley implicó un giro de 180 grados en la relación entre el gobierno y la sociedad. A partir de la entrada en vigor de la nueva normatividad no sería el ciudadano quien tendría que justificar su intención de conocer algún documento oficial, sino que la autoridad debería defender de manera estricta, objetiva y en cada caso la reserva o confidencialidad de la información solicitada. En principio, absolutamente toda la información relacionada con las actividades de las instituciones públicas estaría a la disposición de la ciudadanía.
Este nuevo enfoque tenía un enorme potencial transformador. Rompió de tajo con décadas de “institucionalismo revolucionario” donde se defendía el principio de opacidad de los documentos públicos con el fin de garantizar la supuesta integridad y fuerza del Estado en contra de los cuestionamientos sociales. Un sólido compromiso con el “principio de máxima publicidad” incluido en la nueva ley de transparencia podría haber transformado profundamente la administración pública.
Si ello hubiera ocurrido, hoy, 13 años después de su aprobación, el país se encontraría en medio de un fuerte proceso de renovación institucional. En lugar de la multiplicación de gobernantes como Abarca, Murat, Aguirre, Moreno Valle y Peña Nieto en todo el país, tendríamos numerosos ejemplos de funcionarios públicos honestos y comprometidos con sus electores. Se hubiera cumplido, aunque sea parcialmente, con el mandato popular expresado en las urnas en 2000 al expulsar al PRI de Los Pinos...
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