lunes, 29 de junio de 2020

En plena Pandemia Covid-19 quieren entregar tractor a Ing. Flores Madrid


Asamblea Popular Comunitaria
En medio de la Crisis Sanitaria por Covid-19, el gobierno del estado de Chihuahua notificó al Ingeniero Fernando Flores Madrid, representante de la Asamblea Popular Comunitaria, para que recoja su tractor y maquinaria, después de que desde el pasado 25 de mayo del 2019, con lujo de violencia y en pleno abuso de autoridad, policías y empleados de Javier Corral Jurado sustrajeron, a manera de robo, la maquinaria de trabajo con que se realizaban las maniobras, así como privaron de su libertad a integrantes de la asamblea y manifestantes solidarios, que realizaban la liberación del camino vecinal Sacramento.

Es de recordar el conflicto político que marcó la liberación de la Brecha Sacramento el pasado 10 de abril del 2018.

los manifestantes liberaron un camino vecinal que el Gobierno del Estado mantenía bloqueado a pesar del acuerdo hecho anteriormente con los ejidatarios de libertarlo a los pobladores, el “Inge” Fernando Flores, mencionó la importancia de esta fecha (10 de abril) y cuan necesario es ponerle un alto a las medidas recaudatorias del gobierno cargadas sobre las comunidades: Ante la actitud del gobierno de estar tapando las vías de comunicación de los productores campesinos, de los colonos, de los trabajadores de las diferentes comunidades de la zona; hemos acordado detener está actitud recaudatoria. Estamos hartos de esta situación por eso hemos procedido a tumbar portones, bardas y tapar las zanjas que el gobierno había puesto para impedir el paso de los productores y de los campesinos y si es necesario continuaremos con acciones más fuertes.[1]

La administración de Javier Corral Jurado no tiene memoria, ni idea de la “Justicia Social” y en uno de sus oportunismos más, intenta aprovechar la coyuntura Covid-19, para querer dejar, entre otros, el conflicto y los daños de su política recaudatoria en el olvido.

Es de recordarse que días atrás (martes 10 abril), vecinos y pobladores de las comunidades, implicadas en el paso Sacramento y alrededores, junto con una asamblea popular comunitaria, entre otros, se vieron obligados a derrumbar una barda y el portón que impedían el libre tránsito vehicular del camino paralelo a la caseta de cobro[2].






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