Mientras el proceso de discusión de la Ley General sobre desaparición
forzada y desaparición a manos de particulares se lleva a cabo, el Estado
Mexicano sigue desapareciendo personas y niega el acceso a la justicia a las
miles de víctimas que hay en el país
Tomado de: Comité Cerezo
Llevábamos 5 años exigiendo una Ley General contra la
desaparición forzada cuando en el 2015 la reforma al artículo 73 permitió que
se pudiera legislar una Ley General en la materia, lo cual saludamos al igual
que el interés de muchas víctimas y organizaciones de derechos humanos de
sumarse en ese año a la exigencia de una Ley General.
La propuesta de Ley General
de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada tiene como objetivo
“Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas
y la Desaparición cometida por particulares”. En este sentido cabe mencionar
que se reconocen en esta propuesta de Ley General dos conductas delictivas; la
desaparición forzada como grave violación a los derechos humanos y la
desaparición cometida por particulares como un grave delito. El motivo de ésta
última figura tiene como finalidad garantizar que muchos casos de desaparición
forzada en los cuales no se ha podido demostrar de manera documental la
participación del Estado, pudieran ser beneficiadas con la ley, es decir que
también tuvieran protocolos de búsqueda, investigación y castigo a los
responsables.
Como Campaña incluimos en
nuestra propuesta de Ley General el delito de la desaparición de personas
cometida por particulares basándonos, a su vez, en el artículo 3 de la
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, la cual establece que: “Los Estados Partes tomarán las
medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo
2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables.”
Sabemos que existe una clara
participación del Estado en la comisión de la desaparición forzada, la cual
reiteramos es un crimen de Estado y una grave violación a los derechos humanos,
así como una política que muestra generalidad y sistematicidad, la cual se
convierte por lo anterior en un crimen contra la humanidad. Las desapariciones
forzadas son cometidas por corporaciones policiacas o militares y en muchos de
los casos se cometen a través de particulares, llámese crimen organizado,
guardias privadas o civiles armados que actúan bajo el mandato, consentimiento
o aquiescencia del Estado.
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