¡NO MÁS FEMINICIDIOS, ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
¡Exigimos freno a la inseguridad en los Campus Universitarios!
Declaración Conjunta de Emergencia
El asesinato de esta mujer y su descubrimiento en las inmediaciones
de una instalación Universitaria, se dan en el marco de la escandalosa
“revelación”, más bien a todas luces conocida, de la violencia contra las
mujeres que se vive a diario en el campus universitario, en donde también han
tomado parte profesores, trabajadores y estudiantes y con casos como el de
Marcelino Perelló como sus máximos representantes. Delitos que se encuentran al
amparo de funcionarios del gobierno universitario, en una suerte de acoso y
violencia solapada por las instituciones que operan dentro de la casa de
estudios.
Al feminicidio del día de ayer se suma el pronunciamiento
emitido por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM donde “La
UNAM informa (…) su repudio a cualquier tipo de ilícito cometido en sus
instalaciones” [3]. Hasta ahí la institución evita ponerle nombre y apellido a
este crimen. El remate lo hace la Procuraduria de Justicia (PGJDF) cuando ofrece datos sobre la víctima que la
responsabilizan de su propia muerte [4].
Se trata de
un Feminicidio hallado en Ciudad Universitaria y las declaraciones de los
funcionarios sólo revelan la voluntad por restar importancia y criminalizar a
las víctimas de la violencia, de la misma forma que hace el gobierno federal
actual y sus antecesores con las víctimas; pretendiendo sea este el camino para
cerrar y olvidar el caso. Esta es pues una de las “mejores universidades de
América Latina”, donde la violencia contra las mujeres está institucionalizada.
Esta actitud de las autoridades universitarias frente a la
violencia no es nueva, es la de siempre. Apenas el 15 de diciembre del año
pasado, diferentes Consejeros Universitarios solicitaron a las autoridades de
la UNAM información sobre las acciones que se realizan contra la inseguridad en
los distintos Campus. En dicha discusión el Rector Graue salió por la tangente
hablando de los puntos de venta de droga, de los “ilícitos” y del marco legal
actual que hay con la entrada en operación del proceso acusatorio de justicia,
que a su juicio, es únicamente el motivo por el cual quienes cometen delitos
vuelven a salir a las calles [5].
No es casualidad todo lo anterior, es la enajenación y
burocratización del gobierno central y los patriarcales órganos de
gobierno universitarios, que ante el incremento de la inseguridad y violencia
contra las mujeres y la comunidad en su conjunto, únicamente tienen como
fórmula permanente la solicitud de mayor vigilancia y presencia policíaca, que
incluso para ellos no tendría ninguna importancia si la policía está dentro de
las instalaciones.
Muestra de
esto es el exorbitante presupuesto que se asigna para el pago de vigilancia
Universitaria y cámaras de seguridad al interior de las instalaciones
universitarias, mismas que no han contribuido en la disminución de la comisión
de delitos y mucho menos en la identificación de quienes los cometen, para el
auxilio de los miembros de la comunidad. Desde hace varios meses se ha
percibido un incremento en el acoso, en los asaltos a miembros de la comunidad
Universitaria y personas que circulan diariamente por CU, así como el robo de
bicicletas y vehículos estacionados en el campus.
Desde Rosas Rojas y organizaciones simpatizantes, sostenemos que
es deber de la comunidad estudiantil académica y administrativa seguir
insistiendo en la construcción de un modelo de universidad segura que ponga el
feminicidio y la violencia contra las mujeres como la prioridad más alta, así
como la seguridad de todas las personas que asisten a las instalaciones
universitarias. Sin reparo decimos que la seguridad no es equivalente al
control, por ello rechazamos la intromisión policiaca y el aumento a los
esquemas de vigilancia en el campus, medidas que ya demostraron sus fracasos
desde Ciudad Juárez hasta la frontera con Guatemala. La organización efectiva
de las mujeres y de los tres sectores que conforman la universidad, deben pasar
a ejercer las tareas que el gobierno central simplemente omite como es la de la
seguridad.
Exigimos a las actuales autoridades universitarias un informe
sobre las medidas que se han tomado para reducir los índices de delitos y
violencia al interior del Campus; que se informe a la comunidad Universitaria
sobre los avances en las investigaciones de los delitos que se han desarrollado
al interior de los Campus, en el caso específico del acoso hacia las mujeres,
que rindan cuentas sobre las cantidad de delitos denunciados y qué han hecho al
respecto, ya que es una problemática que vivimos diariamente miles de
compañeras dentro de la universidad y ante lo cual el protocolo de género ha
demostrado su fracaso por tan siquiera ser reconocido por la comunidad
universitaria.
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