JUSTOS POR PECADORES.

Desde la Capital. (01-05-2016).

Por: Julio Morales Quiñones.

“A raíz de la Ley Gral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por iniciativa de EPN en 2014, se creó el programa nacional de protección integral en favor de 39 millones de menores de 18 -a la fecha sin presupuesto asignado- para el Sistema de información que permita saber cómo beneficia a cada niño del país, programas y políticas públicas de los 3 niveles de gobierno. Tiene solo los 20 millones de pesos, remanente de la desaparecida Comisión para la Seguridad en Michoacán, cedido por Segob; monto muy inferior al gasto que en nómina y prestaciones dilapidan otros órganos de la dependencia”.

Según la Encuesta Inter-censal 2015 del INEGI, 12.7% de los 39 millones de menores de 18, son niños y niñas de 0 a 5 años; 55.8%, 20 millones viven en pobreza extrema. En 2013 se invirtió el 0.8% del PIB en infantes de 0 a 5, y a todo nivel, de 2008 a 2011 el porcentaje fue de 6%. Unicef alerta que, 99% de lo invertido se concentra en educación-salud y se dejan de lado los derechos de protección y participación. Son recursos para que los menores gocen integralmente sus derechos; debe invertirse en derechos fundamentales: protección contra la violencia, abuso, explotación y en contextos de mayor vulnerabilidad a la identidad y a la participación infantil. La Red por los derechos de la infancia en México, considera que, el trabajo de la Sría Ejecutiva del Sistema Nacional creado, daría la oportunidad de identificar, por bien de la infancia, si se está gastando estratégicamente, en qué y en dónde.

“Más del 50% de la niñez mexicana vive este contexto: El ingreso no mejoró en 23 años; los programas de desarrollo social dispersos y los productivos inútiles; ni el crecimiento económico, (1.2% promedio anual per-cápita 1993/2013) ni el combate a la pobreza han dado resultado. El gobierno federal debe aclarar el alcance de 6 objetivos de la “cruzada nacional contra el hambre” y determinar cuáles se aplican a los 7 millones en pobreza y pobreza extrema y cuáles son los más amplios, pues la calidad de los servicios para ellos es aún insuficiente y el acceso efectivo a los derechos sociales no favorece a Indígenas, discapacitados, adultos mayores y mujeres. El poder adquisitivo del ingreso se redujo desde 1992; crisis económicas del 94 y 2009; la volatilidad de precios en alimentos desde 2007, la falta de crecimiento productivo en largo plazo, son responsables de la problemática”, refleja coneval.    

Destaca: 2010/2012 la pobreza se incrementó en medio millón de personas. La pobreza extrema se redujo en 2012, de 13 a 11.5 millones y las carencias sociales bajaron: 3.8 a 3,7. En Nayarit y Q. Roo aumentó más la pobreza; Zacatecas y Tabasco disminuyó más. En las zonas marginadas rurales de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Chihuahua, hay más pobres; altos volúmenes en municipios urbanos del Edo-Méx, Cd-Méx, Gro, Puebla y B.C. En México la desigualdad en la distribución del ingreso, según el coeficiente gini, que mide la desigualdad- sigue. De 1992 a 2012 pasó de 0.529 a 0.498. La carencia de acceso a la seguridad social fue tanto en 2010 como 2012, la mayor. 53% de personas de 65 años o más, no trabajaban ni recibían pensión. 44.1% de los hombres no cotizaba y nunca había cotizado a la seguridad social; en las mujeres el porcentaje fue de 52.7%. En septiembre 2014 los sub-ocupados representaron 8.2% de ocupados; el doble de la tasa promedio, de 4.6% de 2006 a 2014.

Aumentó el núm de asegurados al Imss, insuficiente para incorporar el ingreso anual de los que se integran -casi un millón- al mercado laboral. Al 3er trimestre de 2014, la informalidad era el 58% de la ocupada. El informe aborda: Situación del ejercicio de derechos sociales; avances y retos de la política de desarrollo y cumplimiento al esquema gral de evaluación de la cruzada nacional contra el hambre 2013-2019. La crisis financiera y la volatilidad de precios en alimentos provocó carencia alimentaria y en 2012, 13.6% de desnutrición crónica en menores de 5 años. 1 de 10 padeció inseguridad alimentaria severa; obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Educación: rezago de 19.2%; 22.6 millones de personas. Bajísima asistencia escolar. Deforestación: En 2011 la superficie de bosques y selvas bajó al 33.8%. El costo económico a asumir por daños ambientales, fue hace 2 años, 6.3% del PIB.

Y la lista de carencias y deficiencias sigue interminable. Mientras el programa nacional de protección integral para la Niñez no tiene presupuesto, el gasto millonario del circo electoral ya empezó.