Burdo carpetazo a Ayotzinapa
Tomado de: Mexican Times
El gobierno de Enrique Peña Nieto está lejos de apuntalar su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al contrario, parece empeñado en sembrar dudas sobre ella y dejarla en desahucio. Si lo que quería era convencer de su versión dada a conocer desde el célebre “ya me cansé”, han conseguido todo lo contrario. Que jueces federales por decreto declaren muertos a todos los normalistas, al margen de las investigaciones, de nuevos elementos y de las graves sospechas que se han instalado sobre la actuación de Tomás Zerón, sólo confirma lo obsesión del Estado por imponer formalmente un relato, aunque éste carezca de credibilidad en el país y en la comunidad internacional.
Los terribles hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 conmocionaron no sólo al país sino al mundo. La indignación por la suerte de los estudiantes y la solidaridad con las víctimas y sus familiares fueron del tamaño del planeta. Por eso es que el gobierno admitió una investigación autónoma, surgida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero luego decidió obstaculizar y desprestigiar cuando ésta quiso hacer, como correspondía, sus propias indagaciones y poner a prueba la versión oficial. Con esa misma “lógica” pretenden zanjar la cuestión sin convencer, mediante una investigación exhaustiva que repare en errores y observaciones que los expertos hicieron sino con la arbitraria decisión del Poder Judicial de sancionar un relato de los hechos que, además de no estar corroborada, hace agua por todas partes.
Es tal el papelón que hizo el gobierno mexicano al quitarle piso y apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes al que primero invitaron y prometieron ayudar en lo que necesitaran, que personalidades como Angela Merkel le han dicho al presidente que Alemania puede ayudar a encontrar a los estudiantes, o como Hillary Clinton, quien reclamó la desaseada investigación oficial, sostenida mediante confesiones arrancadas por tortura. Peor aún que la Organización de las Naciones Unidas desmintiera inmediatamente la versión de Tomás Zerón sobre la diligencia fuera del expediente y con un acusado sin su abogado, en el paraje del río donde supuestamente se encontraron restos de normalistas un día después.
Decretar la muerte de los normalistas al margen de las líneas de investigación abiertas en el informe y las recomendaciones del GIEI no sólo es una irresponsabilidad, es una provocación. La salud de la república necesita que este caso tan sensible se aclare y se despejen todas las dudas. Se debiera ahondar las indagatorias sobre el 5o camión y su posible trasiego de heroína a Estados Unidos, el papel de la policía federal y municipal de Huitzuco y, sí, también sobre la versión de los militares del 27 Batallón con sede en Iguala que de manera injustificable se ha impedido su comparecencia. La misma PGR afirmó que retomaría las recomendaciones, pero ahora sobreviene el carpetazo jurídico que lo único que conseguirá es reafirmar la idea de que al gobierno no le interesa aclarar sino que le urge cerrar el caso con una versión que no involucre a ninguna autoridad federal, al margen de su credibilidad.
Por eso no extraña que México pase actualmente por su peor imagen a nivel internacional en materia de derechos humanos. Si querían aumentar ese descrédito, las sentencias del Juez de Distrito y del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas les garantizan éxito. Lo peor de todo es que Ayotzinapa permanecerá como herida abierta y cada vez será más difícil desentrañar lo que verdaderamente ocurrió. Comparto que es altamente improbable que alguno de los 43 estudiantes esté con vida, pero sus padres tienen el derecho a la justicia y, por lo mismo, a saber exactamente qué pasó con sus hijos. Es una arbitrariedad injustificable que se cierre de esta manera la investigación.
Si los victimarios fueron grupos criminales con penetración en autoridades políticas y policiacas de los tres órdenes de gobierno es mala noticia que no se vaya a fondo en dilucidar la madeja delincuencial por la vana pretensión de autoabsolverse mientras en la opinión pública aumentan las dudas y sospechas sobre la actuación oficial. El costo que pagaría la administración de Peña Nieto por la revelación de las complicidades en todos los niveles que se dieron a favor del grupo criminal sería mucho menor, así hubiera implicados federales y/o castrenses, que el que está pagando por aferrarse a su destartalada “verdad histórica”. Por lo pronto, lo que sí ha quedado absolutamente claro es que quien encubre es el Estado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario