ALTO CONTRASTE.

Desde la Capital. (17-04-2016).

ALTO CONTRASTE.

Por: Julio Morales Quiñones.

“Mientras que al Bronco, Gobernador Neo-Leones, la falta de unidades para cubrir la demanda de los cuerpos de seguridad y la protección de los Ciudadanos, le preocupó al grado de des-hacerse del VIP, helicóptero que adquirió su antecesor en cuatro millones de pesos; en Chihuahua a 7 meses del polémico accidente, mediante información reservada sobre, características de la licitación, uso que se le dará y costo, se dijo que la nueva nave está en el hangar del gobierno estatal para ser utilizada en breve y reemplazar a la siniestrada el 14 de agosto del año pasado, en los recorridos de “miles” de kms que el ejecutivo realiza en agenda de trabajo, por su tierra, Parral y alrededores. Aducen el proceso de investigación pendiente y niegan copia del seguro del helicóptero siniestrado en 2015 y del importe pagado por tal concepto. Sabido es que, de las arcas locales salen recursos para eso y más”.

En octubre de 2011, en Cd. Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí, se hallaron varias fosas clandestinas. La condición de restos humanos encontrados conlleva un alto riesgo de que se consuman o extingan y la posibilidad de que desaparezca el material genético para su identificación; el tratamiento requiere un avanzado grado de especialidad y tecnología para intentar obtener información útil. Desde entonces la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Chihuahua, señaló que la entidad carece de tecnología suficiente; en ello coincidieron funcionarios de la PGR. Por esto, el colectivo de familiares agrupados en el CEDEHM (Centro de DH de las Mujeres) oriundos de la zona donde fueron localizadas las fosas con restos quemados, pidieron insistentemente y por distintas vías al gobierno de Chihuahua, la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, debido a: que existen antecedentes en los que ha habido serios errores en el manejo de restos e identificación de personas, atribuibles a las autoridades de Chihuahua y para garantizar la máxima eficacia en el procesamiento de los restos, a través de la participación de expertos de talla internacional.

Hay acuerdos firmados desde 2014 con Gobernador (diciembre) y Fiscalía, para que previo contrato, la EAAF intervenga en los casos. La negativa oficial generó acciones jurídicas de las familias para que se avalen sus derechos como parte de la investigación, acceso a la justicia y la verdad, garantía que, solo será posible con la intervención del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) que cuenta con tecnología de punta, para mayor certeza y probabilidades de eficacia para familias involucradas. Por eso, en acción urgente, las familias de las víctimas exigen a las Autoridades: Que cesen las acciones tendientes a obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de los familiares de las personas desaparecidas. Respeto a los acuerdos firmados con los representantes legales de las víctimas y se abstengan de realizar acciones que vulneren su derecho a defender sus DH. En virtud de la exigencia y deseo de los familiares de personas desaparecidas, reanuden el contacto con el EAAF y eliminen los obstáculos que lo impiden. Que reconozcan públicamente los derechos de los familiares de desaparecidos, así como de las personas defensoras de DH, que les representan.

Por eso, este viernes 15, la Red TDT, conformada por 79 organismos civiles defensores de derechos humanos, de 21 entidades del país, dio curso a la “Acción Urgente”, con información detallada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres CEDEHM, sobre cómo el Gobierno de Chihuahua obstaculiza el acceso a la justicia y a la verdad de familiares de personas desaparecidas y a la labor de defensoras/es de derechos humanos. Dirigida en primer término a Cesar Duarte, Gobernador, se le manifiesta la gravedad de la situación por la falta de interés y seriedad que ha mostrado su gobierno en relación a los acuerdos que ya existen para incorporar a los peritos/as independientes que integran el EAAF para los casos de personas desaparecidas en Chihuahua. A propósito:

El secretario ejecutivo de la Red TDT resaltó que, la campaña nacional, “Defender es un derecho” se lanzó hoy (viernes 15) en el contexto de crisis negada por el gobierno en medio de la opacidad y la mentira; la dimensión se mide por la virulencia contra Emilio Álvarez Icaza o el GIEI, considerados de alto perfil. Imaginemos que articulación se aplicará a los defensores comunitarios, más vulnerables.