Tomado de: Rebelión
El pasado 9 de
mayo John Chipman, director general del IISS (International Institute for
Strategic Studies) declaró frente a la prensa internacional que “en México
existe un conflicto armado marcado por la ausencia de artillería, tanques o
aviación de combate”. Esto ocurrió en Londres durante la presentación de los
resultados del ‘Armed Conflict Survey 2017’ -publicación anual
que tiene como objetivo el estudio de conflictos armados contemporáneos
alrededor del mundo-, y que este año, señaló a México como el segundo país con
el mayor número de muertes causadas por conflicto armado, el cual -según sus
cálculos- alcanzó en 2016 una cifra de 23mil muertos tan solo superada por los
por 60mil sirios abatidos por la guerra.
Pese a que dichas declaraciones contienen cierto grado de verdad,
los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de ser críticos frente a la
intencionalidad desde la que parten estas palabras. El prestigioso centro de
investigación, en ningún momento menciona que “el problema no es
responsabilidad exclusiva de México…[ya que] alrededor del 70% de las armas de
fuego incautadas [a diversas organizaciones delictivas] entre 2009 y 2014
procedían de Estados Unidos.”(Juan Paullier, “La polémica en México por el
informe que lo sitúa como el país más violento del mundo solo por detrás de
Siria (que está en guerra civil)”, BBC
Mundo, 10 de mayo de 2017,
consultado el 15 de mayo, http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39877442?ocid=socialflow_facebook ). Es entonces cuando cabe preguntar,
¿quiénes son los beneficiados cuando ambas, tanto las armas incautadas a
criminales, como las armas con las que se busca combatirlos, provienen de E.U.?
“En primer lugar, consideramos la duración y el tiempo. Aquellos
en los que la violencia se mantiene durante muchos años y con intensidad,
tienden a calificar. (...) En segundo lugar, ¿es la violencia una amenaza para
el Estado, así cómo para el ciudadano? Por ejemplo, ¿está en juego el control
territorial del gobierno? Y finalmente, ¿ha reconocido el Estado la amenaza en
estos términos y ha respondido con fuerza? Lamentablemente, México cumple con
todos estos criterios.”
Sin embargo, este tipo de programas recuerdan la llamada
‘Iniciativa Mérida’, -proyecto mediante el cual el Congreso de los Estados
Unidos aprobó en diciembre de 2008 un paquete de ‘asistencia’ que proporcionó a
México $400 millones de dólares en equipo y entrenamiento-. Así, con el
pretexto del combate contra el narco, el pacto entre los gobiernos de E.U.,
México y Centroamérica permitió al “imperialismo estadounidense [el
financiamiento y] la compra de armas para ejércitos nacionales y la policía de
los países de la región, mientras entrena a militares y agentes e infiltra a
sus propias fuerzas”.(Movimiento de Trabajadores Socialistas, Juventud
Anticapitalista, Pan y Rosas, Gobierno
de México aliado de la administración Trump, afirma John Kelly, publicación fanzine, México, 2017.).
No se requiere de mucha
imaginación para vincular esto con la constante y creciente presencia de
militares en las distintas regiones de la República Mexicana. Esta
militarización sigue trayendo como consecuencia la desaparición, el
desplazamiento y la muerte de miles de mexicanos a lo largo de todo el
territorio; pues sin importar a qué bando pertenecen los enfrentados, los
asesinados se vuelven cada vez más visibles: aparecen en forma de fosas
clandestinas; en videos, donde el que yace en el piso es muerto por un
uniformado que apunta su cabeza; o la lista de periodistas, que en su intento
por informar a la población acerca de los nexos entre políticos y delincuentes,
han sido vilmente callados para siempre.
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