Tomado de: Reporte Índigo
El 97 por ciento de las procesos
penales que se instruyen contra presos que cometieron el delito de robar
alimentos, son acusados por alguna de las tiendas que pertenecen a la Asociación Mexicana de Tiendas Departamentales
y de Autoservicio (AMDA), una asociación que mantiene una política inflexible,
que no permite otorgar el perdón legal contra los usuarios que sustraen
alimentos de sus instalaciones.
La cifras globales de las
procuradurías de justicia de al menos 15 estados del país, revelan que solo en
lo que va del presente año, las tiendas afiliadas a la AMDA han solicitado el
apoyo de los cuerpos de seguridad y han acudido en calidad de víctimas ante el
ministerio público para entablar querella penal contra 682 personas, las que
fueron encontradas con alimentos sustraídos ilegalmente. Pero lo representantes jurídicos
de las tiendas afiliadas a la AMDA no solo acusan el delito de robo de
alimentos, en la mayoría de los casos señalan a los infractores de haber
cometido otros delitos concurrentes, como intento de homicidio, daño en las
cosas, lesiones, amenazas y hasta ataques a las vías generales de comunicación.
Esto para asegurarse que los acusados no salgan pronto de prisión.
En la mayoría de los casos de
delitos concurrentes con el Robo Famélico, no existen tales hechos, solo es una
estrategia de engaño que hacen las tiendas de autoservicio a los agentes del
ministerio público, para que se actué en aparente rigor contra las personas a
las que el hambre las lleva a cometer el ilícito del robo, dice Saúl Moncada,
defensor de oficio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
El mayor conflicto que
representan para el sistema penitenciario los reos por Delitos Famélicos, es la
reincidencia delictiva. Casi el 64 por ciento de los que ingresaron en los
últimos cinco años a prisión por haber robado alimentos, también cometieron
delitos graves dentro de la cárcel, como tráficos de drogas, portación de arma
de fuego, riña, extorsión, lesiones, intento de homicidio y/o intento de
evasión de reos.
Los presos que se “engancharon”
dentro de prisión con nuevos delitos, sumaron a sus condenas iniciales entre 5
y 15 años de prisión, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal.
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