Mientras funcionarios del
gobierno de Guerrero admitían ante diputados federales que esa
administración
tuvo conocimiento de los hechos que derivaron en el homicidio y desaparición de
normalistas de Ayotzinapa en el momento en que ocurrían, miles de alumnos de
distintas universidades se movilizaban en la capital del país en reclamo por
esos asesinatos y en demanda de la presentación con vida de los estudiantes
sustraídos.
El estado nacional e internacional de
movilización e indignación social ante los hechos del pasado 26 de septiembre
ha ido en aumento ante la demostración de ineptitud e inoperancia
gubernamental.
La circunstancia descrita obliga
a cuestionar el desempeño gubernamental del último medio siglo como una
conducta institucional que lleva inexorablemente a la barbarie y representa uno
de los principales ejes de continuidad entre los sucesivos gobiernos, y en el
que se articulan las fuerzas partidistas opositoras, PAN y PRD. (La Jornada)[1]
Ciudad de México, 16 de
octubre (SinEmbargo)[2]
y [3].–
Las pedradas llovían sobre los vidrios del edificio de la Procuraduría General
de la República (PGR) y los vidrios caían a pedazos, cuando Ana Luisa Pérez
lloraba y exigía a gritos que su hermano Julio César Pérez López, desaparecido
en 2011 en Chimalhuacán, Estado de México, aparezca.
AYOTZINAPA, Gro. (Proceso)[4].-
Normalistas de Ayotzinapa y representantes de la Asamblea Nacional Popular
lanzaron un ultimátum al gobierno federal para presentar con vida a 43
estudiantes desaparecidos; en caso contrario, advirtieron que “paralizarán el
país”.
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