Sí.
Nicolás Maduro es un sátrapa. Sí. Es indefendible. Sí. Los venezolanos sufren
la tiranía castro-chavista.
Sí.
Hugo Chávez y Nicolás Maduro expropiaron empresas norteamericanas: ExxonMobil
(2007), ConocoPhillips (2007), Owens-Illinois (2010), Clorox (2014), General
Motors (2017), Kellogg’s (2018), de las cuales, se estima que Venezuela ha
pagado en total unos 10 mil millones en compensaciones por todas las
expropiaciones y a diciembre 2025 sigue adeudando entre 11 y 12 mil millones de
dólares.
Sí.
Todo eso es condenable. Y quizás el rencor o el deseo de venganza les nuble la
vista a muchos.
No.
Este texto no es en defensa de Maduro ni de la nefasta seudo izquierda
latinoamericana. Tampoco es a favor de la deleznable derecha radical. Es por el
Derecho internacional.
Mientras
unos se rasgan las vestiduras por la invasión de Vladimir Putin a Ucrania y la
destrucción de la Franja de Gaza por el ejército de Benjamín Netanyahu por otro
lado celebran que Donald Trump haga lo mismo con Venezuela. La Unión Europea
calla ante el despliegue militar más grande del mundo. La ONU se pronuncia,
pero no menciona al depredador. Y el presidente del Comité del premio Nobel de
la paz sentencia con soltada petulancia: «Señor Maduro, acepte los resultados
electorales y renuncie». El problema no fue a quién le habló el noruego. El
problema es que, sencillamente, habló de más. El premio Nobel no debe ser juez
ni verdugo. Su labor es premiar a quienes hacen un bien a la humanidad y punto.
Si
mañana el ejército estadounidense bombardea Venezuela, ¿qué podemos esperar las
y los mexicanos?
Se
tiene la mala costumbre de pensar que la historia de los Estados Unidos
comienza con un estallido de libertad, cuando en realidad nace de una serie de
invasiones. Si revisamos los anaqueles de la memoria el génesis es, por decir
lo menos, de terror.
En
1776, las Trece Colonias decidieron romper con Inglaterra y, en el gesto
fundacional de su independencia, inventaron un país que pronto se llamaría
Estados Unidos de América. Un territorio que, en sus albores, se extendía como
un mapa aún húmedo de tinta: desde las brumas de Maine hasta los calores de
Georgia, abrazando la costa atlántica y empujando sus fronteras hacia los
Apalaches, con la ambición de ir siempre más allá.
Diez
años después, en 1786, los primeros estadounidenses desembarcaron en Hawái con
la cordialidad de quien llega como invitado. La paz inicial fue apenas un
preludio: muy pronto, las manos que estrechaban se transformaron en las mismas
que controlaban las plantaciones de azúcar, dulcificando el negocio con la
retórica del progreso mientras amargaban la vida de quienes quedaban sometidos
a esa nueva economía colonial.
En
1803, el presidente Thomas Jefferson —ese hombre que soñaba con un imperio de
agricultores libres y terminó inaugurando la era de las adquisiciones masivas—
envió a James Monroe, futuro autor de la célebre Doctrina Monroe, resumida en
la consigna «América para los americanos», a París. Su misión era unirse al
ministro estadounidense en Francia, Robert R. Livingston, con un objetivo tan
pragmático como ambicioso: comprar Nueva Orleans y garantizar el acceso al río
Misisipi, arteria vital para el comercio y metáfora líquida del poder en
expansión.
Luisiana
—cuyo territorio abarcaba los actuales estados de Montana, Wyoming, Dakota del
Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Iowa (parte occidental), Wisconsin, Illinois,
la mitad de Colorado, Nebraska, Kansas, Missouri, Oklahoma, Arkansas, un tramo
de Nuevo México, el norte de Texas y Louisiana—, estaba entonces en manos de
Francia, después de que España lo transfiriera a Napoleón Bonaparte en 1800.
Pero el emperador, ocupado en financiar sus guerras, sofocar la rebelión de
Haití y prepararse para un posible enfrentamiento con Gran Bretaña, descubría
que Luisiana era más carga que tesoro: difícil de defender, imposible de
administrar.
En
un gesto tan inesperado como calculado, Napoleón ofreció vender no solo Nueva
Orleans, sino todo el territorio de Luisiana. Jefferson aceptó con la rapidez
de quien sabe que la historia rara vez repite sus gangas. El acuerdo se cerró
en 15 millones de dólares: apenas 4 centavos por acre, una de las compras
territoriales más baratas —y más decisivas— de la historia. Un negocio que
convirtió a la joven república en un gigante en ciernes y a Napoleón en el
vendedor más pragmático del continente.
Sólo
que había un detalle; esas tierras tenían dueños, naciones que llevaban más de
mil años viviendo ahí: Sioux, Ojibwe (Anishinaabe), Ottawa, Potawatomi,
Menominee, Ho-Chunk, Sauk, Meskwaki, Illiniwek, Miami, Kickapoo, Quapaw, Osage,
Caddo, Wichita, Pawnee, Omaha, Ponca, Kaw, Arikara, Mandan, Hidatsa, Crow,
Cheyenne, Arapaho, Niitsitapi, Shoshone, Ute, Nez Perce, Comanche, Kiowa,
Apache, Navajo (Diné), Chickasaw, Choctaw, Natchez, Tunica.
Cada
una de estas naciones estaba formada por muchas tribus.
En
vez de «conquistar» estas naciones a sangre y fuego, como lo hicieron españoles
e ingleses en sus respectivas temporadas de gloria imperial, el nuevo país que
ondeaba la bandera de las libertades optó por un verbo más elegante y menos
sangriento: «negociar». Sí, negociar, con la misma sonrisa diplomática y la
misma voracidad intacta que aún hoy se exhibe en los foros internacionales.
El
método era sencillo y casi infantil en su retórica: «Me das tu oro, tu agua,
tus tierras… y yo te premio con una estrellita (de niño bien portado) en mi
bandera». Un trueque disfrazado de civilidad, un contrato firmado con tinta
invisible donde la balanza siempre se inclinaba hacia el lado del comprador.
Así, la violencia se maquillaba de cortesía, y la conquista se transformaba en
un intercambio que, bajo el disfraz de la libertad, perpetuaba la misma lógica
de dominio.
Por
supuesto, estas naciones no estaban dispuestas a abandonar sus tierras, ni a
venderlas, ni a intercambiarlas por nada. La dignidad no se negocia. Cuando la
nación Lenape, en lo que hoy es Ohio, se negó a vender su territorio, el
ejército estadounidense los invadió tres veces, hasta arrancarles lo que
defendían con uñas, memoria y sangre. La historia se repitió con la nación
Semvnole, en la actual Florida, donde la resistencia fue respondida con la
misma maquinaria bélica.
La
nación Mvskoke, situada en los actuales estados de Alabama y Georgia, decidió
no correr la suerte de sus vecinos y firmó un tratado que, bajo la apariencia
de legalidad, les arrebató más de la mitad de su territorio. Años después, el
ejército estadounidense regresó para invadir lo que quedaba y los obligó a
abandonar sus tierras, demostrando que los acuerdos eran apenas promesas
escritas en arena.
Las
naciones Sioux y Arapaho, en cambio, defendieron su territorio con fiereza y
lograron derrotar al ejército estadounidense. Pero la victoria fue efímera:
Estados Unidos ofreció otro tratado, y otra vez lo rompió cuando descubrió
minas de oro en lo que hoy conocemos como Colorado, Montana, Dakota del Sur y
Wyoming. El oro brillaba más que la palabra empeñada, y la codicia se impuso
sobre cualquier pacto.
En
el siglo que siguió, Estados Unidos libró alrededor de 40 guerras contra
naciones y tribus indígenas y protagonizó más de 2 500 enfrentamientos, todos
coronados con la firma de más de 360 tratados que, como suele ocurrir en la
historia escrita por los vencedores, concluyeron en exterminio y en el
aislamiento de los sobrevivientes.
Fue
entonces cuando el presidente Andrew Jackson, en nombre de la justicia y la
libertad —palabras que en su boca se transformaban en eufemismos de despojo—
impulsó el Indian Removal Act, una ley federal aprobada en 1830 que autorizaba
al gobierno a expulsar por la fuerza a las naciones indígenas del sureste del
país. El destino impuesto: los territorios al oeste del río Misisipi, lo que
hoy conocemos como Oklahoma, rebautizados con el nombre de Indian Territory.
Pero
la ironía histórica no se detuvo ahí: años más tarde, también de ese territorio
fueron expulsados, confirmando que la promesa de libertad era apenas un
espejismo y que la palabra «tratado» equivalía a un contrato firmado con tinta
invisible, siempre dispuesto a ser borrado cuando la ambición lo exigiera.
Pero
todo el territorio robado no les bastaba. El 25 de abril de 1846, Estados
Unidos emprendió una guerra contra su vecino del sur: México. ¿Y cómo terminó
aquella invasión? Con otro tratado, por supuesto. El Tratado de Guadalupe
Hidalgo, firmado en 1848, mediante el cual México perdió aproximadamente la
mitad de su territorio. La libertad, en este caso, se medía en kilómetros
cuadrados y se rubricaba con tinta extranjera.
¿Se
acuerdan de Hawái? En 1893, un grupo de empresarios y colonos estadounidenses,
respaldados por el ministro de Estados Unidos en la isla y por marines que
desembarcaron sin declaración de guerra, obligaron a la reina Liliʻuokalani a
abdicar. Se proclamó entonces una república controlada por los golpistas. Y,
según la historia oficial, Hawái «pidió» su anexión a Estados Unidos en 1898,
mediante una resolución del Congreso. Mira nada más. Ya se habían cansado de
los tratados: la anexión disfrazada de petición era más práctica y menos
engorrosa.
Ese
mismo año, 1898, Estados Unidos se apropió de Puerto Rico durante la Guerra
Hispano-Estadounidense. España fue derrotada y, fiel a la costumbre, firmó otro
tratado: el Tratado de París. Desde entonces, Puerto Rico quedó como territorio
no incorporado de Estados Unidos, porque la palabra «colonia» resulta incómoda
para los presidentes que se autoproclaman guardianes de las libertades.
En
el mismo Tratado de París, España cedió Filipinas a Estados Unidos. Sin
consulta, sin plebiscito, sin siquiera preguntar a la población filipina. Pero
los filipinos, que ya habían declarado su independencia, se levantaron contra
el nuevo ocupante. La respuesta estadounidense fue una guerra brutal, con
cientos de miles de muertos, muchos de ellos civiles, prueba de que la libertad
podía llegar envuelta en metralla.
Mientras
tanto, Estados Unidos necesitaba transportar mercancías del Pacífico al
Atlántico. «¿Dónde? ¿Dónde?», se preguntaban. Y la respuesta parecía obvia: en
Colombia había un terrenito estrecho, perfecto para un canal. «¿Querrán?» «No
se pierde nada con preguntar.» Colombia rechazó el tratado. «¿Cómo se
atreven?», replicó el país de las libertades. Y, casualmente, los habitantes de
la zona decidieron separarse de Colombia. Con apoyo militar estadounidense,
Panamá se declaró independiente en noviembre de 1903.
Ese
mismo año apareció mister Tratado: el Hay–Bunau-Varilla, firmado por un
ingeniero y empresario francés, exdirectivo de la compañía del canal, que no
era panameño y que rubricó en nombre de Panamá sin autorización popular ni
presencia del gobierno panameño. El acuerdo entregó a Estados Unidos el control
perpetuo de la Zona del Canal. Entre 1904 y 1914, los estadounidenses
construyeron el canal y lo gobernaron como territorio propio de facto.
Hagamos
un paréntesis: en 1954, la CIA orquestó y ejecutó la Operación PBSuccess, un
golpe de Estado en Guatemala que derrocó al presidente democráticamente electo,
Jacobo Árbenz Guzmán, porque se atrevió a impulsar reformas sociales que
desafiaban el monopolio de la todopoderosa United Fruit Company (UFCO),
bautizada popularmente como «El Pulpo» por sus tentáculos que se extendían con
sus infames prácticas laborales explotadoras en países como Guatemala,
Honduras, Costa Rica y Colombia. Los trabajadores recibían sueldos miserables,
a menudo no más de 50 centavos al día, en forma de vales canjeables únicamente
en las tiendas de la compañía. Algo le aprendieron al porfiriato. Las jornadas
eran de sol a sol, sin pago de horas extra. Los obreros estaban expuestos a
pesticidas, serpientes venenosas, mosquitos portadores de enfermedades, el
calor excesivo, la humedad extrema de las plantaciones y un alto riesgo de
accidentes sin compensación. La vivienda era precaria: dormitorios insalubres,
higiene deficiente y atención médica insuficiente.
El
gobierno de Dwight D. Eisenhower vio en estas reformas un peligro rojo,
exagerando la influencia de asesores izquierdistas en el gabinete de Árbenz. En
realidad, los documentos desclasificados revelan que el verdadero temor era el
«mal ejemplo» que un país latinoamericano se atreviera a realizar reformas
independientes sin pedir permiso a Washington. Las consecuencias fueron
devastadoras.
Regresemos
con los panameños que nunca aceptaron el tratado: lo consideraban una
imposición ilegítima y colonial. Las protestas desembocaron en enfrentamientos
con tropas estadounidenses que dejaron decenas de muertos en enero de 1964.
Panamá llevó el caso a la ONU y a foros internacionales, donde Estados Unidos
empezó a ser visto como potencia colonial anacrónica en plena Guerra Fría,
dañando la imagen del país de las libertades.
El
general Omar Torrijos convirtió el canal en causa nacional y regional, logrando
apoyo de países no alineados y latinoamericanos. Finalmente, el presidente
Jimmy Carter reconoció que el control perpetuo del canal era insostenible
política y moralmente. En 1999, Panamá recuperó el control total del canal.
Pero
en 2018, los «malvados y malagradecidos» panameños —según la narrativa del tío
Sam— iniciaron relaciones diplomáticas con la República Popular China.
Entonces, Donald Trump aseguró, sin pruebas, que China controlaba el Canal de
Panamá y que aquello era inaceptable para Estados Unidos.
Hoy,
el canal de Panamá está nuevamente bajo control estadounidense. Y, según la
misma lógica expansiva, muy pronto será el turno de Venezuela, con María Corina
Machado como vicepresidenta. Porque, para Donald Trump, la gran virtud de María
Corina Machado no es que luche por los derechos de los venezolanos, sino que,
según sus cálculos, ella pagará con creces los favores que le está haciendo el
país de las libertades.
¿O
acaso, alguno de ustedes se la imagina gritando: ¡Fuera de aquí, mister Danger!
¡No al imperialismo yanqui!?
No.
Pues no.
De
la historiadora Sofía Guadarrama Collado
