Luego que la unidad de atención y respuesta a organismos de derechos humanos y desparición forzada, no aceptó la resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Fernando Flores señaló las condiciones de facto y contradicciones, luego que el Secretario de Seguridad Púbica Emilio García Ruiz, aceptó la recomendación, sin embargo por parte del Fiscal Augusto Peniche no fue así.
“Muestra de una gran incongruencia, potencialiazada con una respuesta parcial y viciada de los hechos”, motivo por el cual impugnó, a fin de que se de cumplimiento legal a la recomendación, motivo por el cual presentó pruebas e información nutrida al respecto.
En sus antecedentes, la Asamblea Popular Comunitaria registró como inicio del conflicto el sabotaje de diferentes caminos vecinales por parte del gobierno estatal, en cabezado por Javier Corral Jurado de enero a abril del 2018, con el objetivo de evitar la circulación de los vehículos de la región y obligarlos a pasar por la caseta de cobro “Sacramento”.
De este hecho se desprenden varios hechos de organización en la región por parte de las comunidades afectadas, donde la Asamblea Popular Comunitaria encabezó la movilización para en varias ocasiones liberar el camino vecinal, de igual forma, el actuar represor del gobierno estatal.
En mayo del 2019, decenas de habitantes comenzaron a rellenar una zanja, resultado del sabotaje que realizaba la maquinaria del estado, en el camino vecinal y una carretera federal, lo que generó un choque y nuevamente una serie de abusos, detenciones ilegales, violencia y el incautamiento también ilegal de un tractor, propiedad de Fernando Flores, integrante de la Asamblea Popular Comunitaria.
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