sábado, 13 de octubre de 2018

GOLPE A LOS PRIVATIZADORES DEL AGUA


Este jueves 11 de octubre una Juez de Control revocó la Resolución del No Ejercicio de la acción penal que el Agente del Ministerio Público había emitido el pasado 31 de agosto del presente año, respecto de la querella interpuesta por el Ingeniero Fernando Flores Madrid, en contra de Javier Mario B.G., y Enrique Antonio Z.S., por el delito de Despojo de Agua.

Como consecuencia de dicha revocación, se instruyó al Agente del Ministerio Público para que reabriera la investigación del despojo de agua por parte de los imputados.

Como “un éxito parcial más de la Asamblea Popular Comunitaria en contra de la Privatización del Agua”, fue definido por el propio Ingeniero Fernando Flores Madrid al salir de la audiencia de control y ser entrevistado junto a su abogado Juan Carlos Licón Oppenheimer, en torno a la relevancia de dicha resolución.

Cabe mencionar que los imputados han sido denunciados por el Ingeniero Fernando Flores, principal representante de la APC, además de por el vil despojo del vital líquido, también por ser ellos mismos quienes representan ser los artificies de la venta del agua a empresas como Coca Cola, en donde, además del evidente lucro de los particulares mencionados son también responsables de los principales daños al manto freático Chihuahua-Sacramento.

Como antecedente, baste recordar que el pasado 10 de abril de este año, se formalizó la querella en contra de Javier Mario B.G., y Enrique Antonio Z.S., quienes como se menciona pretenden vender el agua de los colonos a la empresa refresquera.

No se olvide que estos personajes son reconocidos promotores y participantes de los grupos policiales represores de gobiernos panistas, como fue con Francisco Barrio y coincide de nuevo en fechorías, en la pésima administración actual de Javier Corral.

Se mencionan dos casos emblemáticos en donde se vieron implicados estos personajes del panismo represor: los balazos cuando el cierre de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en ciudad Juárez con el gobierno de Francisco Barrio en noviembre de 1992, y cuando se ordenó y ejecutó la acción en contra de los campesinos del ejido Monterde el 22 de mayo de 1997.

Asamblea Popular Comunitaria.

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