Por: Julio
Morales Quiñones. (17-12-2017)
VIERNES NEGRO.
“Como se esperaba; la propuesta
de “Ley de Seguridad Interna” con todo y vicios inconstitucionales se aprobó en el senado y se enviará al
ejecutivo federal para sus efectos Constitucionales. Con su bancada completa,
el partido en el poder, con su satélite el verde ecologista y varios renegados
del PAN, se anticipan así, a los posibles conflictos que desaten los resultados
electorales de 2018. Es la capitulación del poder civil a lo que el gobierno
entiende como amenazas y riesgos; los que él no puede atender y recurre a las
fuerzas armadas. Aprobada, contra recomendaciones, experiencias, lecciones
internacionales que proponen construir seguridad con democracia y derechos
humanos mediante proyectos de trabajo con las comunidades; que incluyan
prevención del delito, seguridad ciudadana, mejoras policiales, etc. Avanza la
transferencia inconstitucional del trabajo de la autoridad civil, al mando
militar, sin argumento válido, que nos convenza de que el despliegue militar de
los últimos 10 años, el más intenso de la historia actual, haya reducido,
daños, amenazas y riesgos”.
Los ciudadanos vemos el despliegue
militar masivo creciente y ninguna reducción de coacciones y conflictos. Es
posible se genere un contra incentivo de consecuencias inimaginables; un
desacierto que relaje aún más a las autoridades civiles que son las que nos
ofrecen seguridad cada vez que van por nuestro voto. Ante el Alto Comisionado
de la ONU, el gobierno mexicano argumenta el uso de la milicia, dado que
enfrenta el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo en los más de 3mil
kms de frontera con EU, que dota de recursos financieros casi ilimitados, a
organizaciones criminales; el persistente tráfico ilícito de armas de alto
poder, a través de la frontera con alrededor de 9 mil tiendas de armas que
nutren al crimen organizado, que rebasan con mucho la capacidad de las policias
federales, estatales y locales. Las propias autoridades de EU decidieron hace 20
años encaminar por nuestro territorio el flujo de drogas procedentes del sur
del continente, incidencia imposible de enfrentar con las policías. El gobierno
mexicano convocó como último recurso de auxilio a las fuerzas armadas.
Pero alegar
que en ningún caso la actuación de las fuerzas armadas suplanta a las
autoridades civiles legítimamente constituidas, es mentira. Por supuesto que
tenemos un problema de ineficacia policial, que la política norteamericana nos
está afectando. Esto pareciera un aliciente para que el gobierno se lave las
manos y no desarrolle una política verdadera de seguridad pública en materia
policial; es un círculo perverso para volvernos otra vez a una ruta que no
tiene salida; en lugar de dar a la autoridad civil toda la responsabilidad y
también diplomática porque es un tema a tratar con EU, ilegalmente el ejército
suplantará la labor de las policías; cuando además se tiene la trayectoria
documentada en más de 10 años en la que el ejército no ha podido remontar los
resultados negativos de sus intervenciones.
Los que defienden esta ley no
se ponen de acuerdo. Por un lado nos dicen que con esta ley se usará menos al
ejército y por otro lado el gobierno emite un comunicado diciendo que necesita
de la milicia.
La verdad desnuda se exhibe
claramente; lo que tenemos enfrente no es una ley con respaldo sólido, sino que
existe un acto de poder sin fundamento válido. Utilizan de forma perversa la
desesperación, el temor de la gente y la confianza hacia las fuerzas armadas;
utilizan ambos aspectos para explotar políticamente este momento y sacar
adelante la Ley. La gente no tiene ya expectativa de que la ley lo proteja,
porque el estado mexicano destruyó la confianza de que la autoridad civil sea
útil. Por eso ponen al frente a las fuerzas armadas, llevándolas a una tarea
que no les corresponde.
El general secretario de la defensa dijo: “No olvidamos
que esto es inconstitucional”, pero no están seguros ni preparados para
desarrollarla cabalmente. Mientras, para analistas críticos, académicos y
personajes destacados en las artes y la cultura, la aprobación de esta ley es
sumamente grave, de consecuencias impredecibles, pero están prestos a utilizar
todos los recursos jurídicos al alcance para echarla abajo.
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