Tomado de: EDUCA
La sarta de defectos en la investigación sobre la muerte, la semana pasada, de una destacada líder indígena pone de manifiesto la absoluta falta de voluntad del gobierno hondureño de proteger a quienes defienden los derechos humanos en Honduras. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional (AI) tras una visita al país centroamericano. “Las autoridades hondureñas dicen una cosa y hacen otra. Nos han dicho que están decididas a encontrar a los responsables de la muerte de Berta Cáceres, pero no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluido el hecho de que Berta llevaba mucho tiempo recibiendo graves amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos”, ha declarado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Hasta el momento sólo se ha citado a declarar a miembros de COPINH. Al activista de derechos humanos Gustavo Castro, que estaba con Berta cuando la mataron, le impidieron salir de Honduras rumbo a su país, México, incluso después de prestar declaración varias veces y pese a las graves amenazas contra su vida. Ninguna de las personas a las que Berta denunció por sus constantes amenazas y acoso, entre ellas representantes de empresas que trabajan en la zona, ha sido citada a declarar, critica AI. Leer también:
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