viernes, 6 de mayo de 2016

TLATLAYA; OPACIDAD PURA.

 Desde la Capital. (03-04-2016).
TLATLAYA; OPACIDAD PURA.
Por: Julio Morales Quiñones.

Unos estaban dormidos, otros de pie. El muchacho entró corriendo a la bodega diciendo: nos cayeron los contras; los militares regresaron y empezaron a buscar; al ver gente armada empezaron a disparar. Así fue; no hubo enfrentamiento como dicen los militares. De los disparos solo resultó muerto un civil, los demás estaban vivos; los empezaron a interrogar 1 x 1; como se llamaban, su edad y que apodo tenían; después los hincaban y ejecutaban. Pregunté a un militar, porque lo hacían; “esos perros no merecen vivir”. Cuando se calmó todo, pedí al militar me llevara a ver a mi hija; estaba viva solo tenía un balazo en la pierna; -no matamos mujeres, dijo-. La vi por última vez; no supe en que momento la mataron. (Clara Gómez Glez; testigo sobreviviente).

Las Ongs sabíamos que era importante la reforma al Fuero Militar, pero incompleta por el riesgo de llevarnos a investigaciones y juicios paralelos sobre los mismos hechos; generaría el riesgo de arribar a conclusiones contradictorias como en el caso Tlatlaya, donde un Juez militar dictó sentencia absolutoria por infracciones a deberes castrenses a 6 de 7 militares que participaron en la ejecución extra judicial del 30 de junio de 2014 donde murieron 22 civiles. El séptimo acusado fue condenado solo a 1 año de prisión por desobediencia; pena que ya purgó. Dada la opacidad del caso, la víctima -ignorada- Clara Gómez González, solo mediante juicio de amparo diverso, pudo acceder al expediente y conocer la sentencia a favor de los involucrados. En tanto, la PGR a través de la SEIDO emitió un comunicado en relación a los hechos, diciendo que ejerció acción penal contra los mismos 7 militares; 3 por delito de homicidio, 4 por diversos ilícitos y respecto al mismo caso, el Juez 4° de distrito de procesos penales federales con sede en Toluca, dictó auto de formal prisión a 3 elementos castrenses que están en prisión, por homicidio calificado y determinó auto de libertad a los otros 4, por ejercicio público indebido y encubrimiento.


Derivado de la recomendación de la CNDH 51/2014, la sub-procuraduría de DH, prevención del delito y servicios a la comunidad, mantiene investigación abierta con diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a los DH. La PGR, “atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso”, insiste en que deberá contar con la ratificación por parte de la víctima ignorada, Clara Gómez González, de pruebas y escritos que haya ofrecido, para hacer comparecer a los militares involucrados en el caso; esto resulta jurídicamente falso, pues se investigan delitos graves por la recomendación que emitió la CNDH, por violaciones graves a los DH. Su responsabilidad y obligación es de oficio. Citar a la testigo que ya compareció 3 veces, para que vuelva a declarar ante la PGR, es re-victimización.

En Tlatlaya hubo violaciones graves a DH; masacre encubierta por autoridades federales y estatales. Del patrullaje militar surgió el breve enfrentamiento, los civiles se rindieron y fueron ejecutados. 3 mujeres sobrevivieron en la bodega; una de ellas declaró y dio a conocer la verdad del suceso, muy distante de la oficial. La Sedena emitió un comunicado refiriendo haber “abatido” a 22 civiles al repeler la agresión; días después el gobernador del EdoMex reconoció la heroica labor del ejército; publicado el testimonio de una sobreviviente, el procurador volvió a negar que hubiera ejecución extra judicial. La CNDH en su recomendación discrepó con la PGR. Una solo admitió 8 homicidios y acusó a 3 de 7 militares consignados; la otra citó de 12 a 15 ejecutados.

Por el amparo concedido a Clara Gómez, el Centro Pro tuvo acceso a la orden #7 enviada a los militares de, “actuar en la oscuridad para “abatir” (privar de la vida) a delincuentes”.

 Desde hace 9 meses se solicitó investigar la responsabilidad institucional y la responsabilidad por cadena de mando; ningún militar ha comparecido siquiera en calidad de testigo y el fuero militar absolvió a 6 de 7 castrenses en el caso de delitos contra la disciplina militar. Es muy grave que funcionarios a cargo de hacer cumplir la Ley, sean quienes la trasgreden. Hablamos de los que abusan de la fuerza preventiva hasta lo letal. 
La recomendación de la CNDH no ha tenido repercusión en un compromiso institucional; su cumplimiento podría revertir la crisis de DH que hay en México.

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