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La GacetaLuego que la unidad de atención y respuesta a organismos de derechos
humanos y desparición forzada, no aceptó la resolución de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Fernando Flores señaló las
condiciones de facto y contradicciones, luego que el Secretario de
Seguridad Púbica Emilio García Ruiz, aceptó la recomendación, sin
embargo por parte del Fiscal Augusto Peniche no fue así.
“Muestra de una gran incongruencia, potencialiazada con una respuesta
parcial y viciada de los hechos”, motivo por el cual impugnó, a fin de
que se de cumplimiento legal a la recomendación, motivo por el cual
presentó pruebas e información nutrida al respecto.
En sus antecedentes, la Asamblea Popular Comunitaria registró como
inicio del conflicto el sabotaje de diferentes caminos vecinales por
parte del gobierno estatal, en cabezado por Javier Corral Jurado de
enero a abril del 2018, con el objetivo de evitar la circulación de los
vehículos de la región y obligarlos a pasar por la caseta de cobro
“Sacramento”.
De este hecho se desprenden varios hechos de organización en la
región por parte de las comunidades afectadas, donde la Asamblea Popular
Comunitaria encabezó la movilización para en varias ocasiones liberar
el camino vecinal, de igual forma, el actuar represor del gobierno
estatal.
En mayo del 2019, decenas de habitantes comenzaron a rellenar una
zanja, resultado del sabotaje que realizaba la maquinaria del estado, en
el camino vecinal y una carretera federal, lo que generó un choque y
nuevamente una serie de abusos, detenciones ilegales, violencia y el
incautamiento también ilegal de un tractor, propiedad de Fernando
Flores, integrante de la Asamblea Popular Comunitaria.
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