Otro caso emblemático es el de los movimientos por justicia ante los feminicidios, quizá el reclamo social más potente que ha tenido Juárez en décadas.
Desde principios de los años noventa, colectivos como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, encabezados por madres y familiares de víctimas, lograron visibilidad internacional, presión mediática global y pronunciamientos de organismos de derechos humanos. Juárez se volvió símbolo mundial de la violencia contra las mujeres.
Pero incluso ese movimiento —legítimo, doloroso y persistente— nunca logró convertirse en un movimiento social amplio y transversal en la ciudad. Se sostuvo gracias al esfuerzo de grupos específicos, no como una organización ciudadana masiva. El acompañamiento social fue intermitente; la indignación colectiva, temporal. El problema continúa, pero el movimiento no creció en estructura ni en base social.
Durante la crisis de violencia de 2008 a 2012, cuando Juárez alcanzó niveles históricos de homicidios, la ciudad vivió múltiples expresiones de protesta. Hubo marchas por la paz, concentraciones ciudadanas, caravanas y actos simbólicos tras hechos como la masacre de Villas de Salvárcar en 2010.
El asesinato de jóvenes generó una movilización inmediata y un reclamo directo al Estado. Se anunciaron programas, intervenciones federales y discursos de emergencia.
¿El resultado? La protesta no se tradujo en organización ciudadana permanente. Cuando los homicidios bajaron, la movilización desapareció. No se construyó un movimiento de seguridad ciudadana, ni comités vecinales robustos, ni una estructura social que vigilara políticas públicas de largo plazo.
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