Los conflictos son positivos, fisiológicos, sanos en una democracia, incluso cuando hay momentos de “ilegalidad”, como el referéndum para la independencia de Cataluña al que hemos presenciado. Formalmente será ilegal, como en Madrid no se cansan de repetir, pero finalmente bajo el punto de vista de las luchas democráticas y por su valor simbólico y reivindicativo es más que válido y, por parte de sus promotores, fue llevado a cabo pacíficamente. Sin embargo, la jornada terminó con casi 900 personas heridas y una exposición de brutalidad policial que “forzó” a los otros líderes europeos a condenar la actuación del amigo Rajoy. A éste nunca le ha faltado el apoyo o el silencio condescendientes de los otros líderes europeos y de la misma Comisión UE que no ha expresado opiniones al respecto. Ahora, tras el voto, simplemente se condenan las violencias, pero sin dar entrada a las reivindicaciones independentistas.
Muchas acciones que en la historia fueron, en algún momento, ilegales han contribuido, con el paso de los años, a ampliar las herramientas del mismo sistema democrático. Quizás la mayoría de la población catalana no esté de acuerdo con la separación de Madrid, pero un dato cierto es que la mayoría (cerca del 75%) sí está de acuerdo con que todos puedan ejercer el derecho a decidir y que se pueda planear un voto referendario pactado y vinculante una vez por todas. También el partido de izquierda Podemos, que prefiere que Cataluña se quede con España, se ha expresado a favor de que el pueblo catalán pueda decidir. Parece ser ésta la apuesta de la Generalitat que se la juega en dos frentes: en el interno, frente a un gobierno débil que ha perdido legitimidad, y en el externo, como propuesta frente a Europa.
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