Los agricultores del Valle del Yaqui fueron los primeros en ampararse, primero contra la licitación y después contra la construcción; mientras los yaquis lo hacen contra la compraventa del agua. "Ha sido amparo tras amparo, todos los hemos ganado y ninguno se ha cumplido".
Sumado a ello –informó Luna– existe una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra esta obra, la cual está por resolverse. Asimismo, la Corte ordenó detener el acueducto en caso de que se detecten afectaciones directas.
"Esa resolución es muy ambigua y la construcción no se ha detenido.
La SCJN deja a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Conagua el criterio para que valoren si nos afecta o no, pero esas instancias ya habían aprobado un manifiesto de impacto ambiental sin otorgar el derecho de consulta a la tribu yaqui, de ahí que sean juez y parte. Aun así solicitan una sentencia aclaratoria, la cual se ratifica a mediados de 2013."
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