El inicio del reportaje sobre la historia de Elisângela, publicado por
la agencia brasileña independiente Pública, pasó casi desapercibido
cuando fue publicado, a mediados de 2012. Sin embargo, su contenido era
absolutamente de lo que iría a ocurrir con miles de familias brasileñas
durante los próximos años. Elisângela, continúa el reportaje, “corrió,
intentó dialogar, pedir tiempo para entontrar otra casa pero fue inútil.
En pocas horas sólo quedaban escombros”. Elisângela, hasta el día de
hoy, no fue idemnizada ni realojada. Su hija tuvo que irse a vivir con
su abuela.
¿Cuántas personas han sido desalojadas debido a las operaciones
urbanísticas relacionadas con los megaeventos de Brasil? No existen
cifras oficiales. Los Gobiernos municipales, regionales o el Federal
(central) no facilitan datos. Sin embargo, los Comités Populares da
Copa, que desde el año 2008 luchan para denunciar violaciones de
derechos humanos, tienen una afinada estimativa: entre 150.000 y 170.000
personas han sido ya desalojadas de sus viviendas, en la mayoría de los
casos de forma ilegal.
Algunas fuentes, como el Comité Popular da Copa del Distrito Federal hablan de 250.000 afectados por los desalojos. “Las acciones gubernamentales –aseguran las mismas fuentes en una nota oficial– “en su mayoría dirigidas por el poder público municipal con el apoyo de las instancias estatales y en algunos casos federales (Gobierno central), tienen como objetivo general limpiar el terreno para grandes projectos inmobiliarios con fines comerciales”.
La tan criticada Copa y su oleada de violaciones de derechos humanos
está provocando una alianza inédita de ciudadanos de todas las clases
sociales, de todas las razas. “La mezcla política entre blancos y
negros, ricos y pobres, en luchas que contemplen tambiém a la favela
(por ejemplo, con la campaña “Cadê o Amarildo”), tienen un potencial
subversivo muy grande en térmos de exponer la violencia policial y
lanzar campañas”, sentencia el filósofo y activista Bruno Cava.
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