Por: Juan Carlos
Licón Openheimer
“La
tolerancia es la pasión de los inquisidores”:
Silvio
Rodríguez*
Con toda honestidad,
tenía mejores expectativas respecto del recién creado Juzgado Decimoprimero de
Distrito en el Estado de Chihuahua; pero hoy me decepciona profundamente, y
reafirmo lo que un buen amigo mío abogado dice, "perro, no come
perro".
Todo comenzó desde
finales de 2017, cuando derivado de mi trabajo como abogado, el suscrito fui
víctima de la prepotencia y el mal trato por parte de una actuaria de nombre
Akatsuky Arikado de la Riva; y de la arbitrariedad de su superior, Eduardo
Sotelo, Coordinador de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y
Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos.
Ante tales atropellos,
interpuse una queja ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura
Estatal para que les fincaran las responsabilidades administrativas
correspondientes a dichos funcionarios judiciales. Dicha queja fue turnada a
Normando Antillón Orozco, Visitador del Poder Judicial del Estado, y a la cual
se le asignó el número de expediente de investigación administrativa 89/2018.
Pasó el tiempo, y contrario al principio de la impartición de justicia pronta y
expedita, fue hasta octubre de 2018 (casi un año después), que el Lic. Normando
Antillón decidió dar carpetazo a la queja interpuesta por el suscrito,
justificando la arrogancia y prepotencia de la actuaria Akatzuky Arikado de la
Riva en la teoría de género, y atreviéndose a exponer que yo era el que la
había puesto en una situación de vulnerabilidad; haciéndose de la vista gorda
respecto del actuar de dicha servidora pública, y sin tomar en consideración
las pruebas que el suscrito ofrecí desde mi escrito de queja como elementos e
indicios para acreditar las conductas antiéticas, arbitrarias, y poco
profesionales de la actuaria en cuestión, y de su superior jerárquico; más aún
cuando dicha servidora pública tiene la fama pública de no solo tratar de forma
prepotente a los litigantes en general, sino también a propios empleados del
Poder Judicial del Estado.
Ante la absolución de la
actuaria en cuestión por parte del Lic. Normando Antillón (supuesto encargado
de la vigilancia y disciplina dentro de Poder Judicial del Estado), me vi en la
necesidad de recurrir a la Justicia Federal, e interponer un juicio de amparo
en contra de la decisión del Visitador en la que daba carpetazo al asunto; el
cual fue turnado al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de
Chihuahua, asignándole el número de expediente 107/2018. Sin embargo, no
obstante lo anterior, el Lic. César Santa Cruz Rentería, secretario del juzgado
en cuestión, en funciones de encargado del despacho, contrario a todas las
expectativas de justicia que nuestra propia Constitución nos otorga, tomó la
decisión de darle carpetazo al juicio de amparo en comento, pues bajo una
aberrante argumentación jurídica, consideró que no afecta en mi esfera jurídica
la decisión del Visitador de hacerse de la vista gorda respecto de los
atropellos a mis derechos por parte tanto de la Lic. Akatzuky, como de su
superior jerárquico.
¡Ay se va viendo de qué
lado masca la iguana¡, toda vez que los que se supone que están ahí para
salvaguardar nuestros derechos, realmente protegen a los arbitrarios bajo
sofismas jurídicos que dan vergüenza, y que únicamente fomentan la perpetuación
del pésimo y desafortunado servicio público que brindan los servidores como la
Lic. Akanzuky Arikado de la Riva, y su superior jerárquico, y con ello el
sobajamiento y atropello de los derechos de quienes somos operadores del
sistema de justicia.
En base a lo anterior,
quiero dejar en claro que si bien se va a combatir el carpetazo del asunto dado
por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, apelo a que
el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión vea realmente por
la protección de los derechos humanos de los gobernados, más allá de proteger
con argumentos rebuscados y forzados a las autoridades arbitrarias,
prepotentes, y que se sienten tocadas por Dios en su trato para quien en la vía
de los hechos, pagamos su salario, es decir, nosotros…., los ciudadanos.
