El gobernador Javier
Corral Jurado volvió a mandar boicotear las brechas y caminos vecinales alrededor
de la caseta de cobro Sacramento al norte de la capital de la Chihuahua, forzando
el paso por la caseta y efectuar el correspondiente pago por peaje.
Además de
limitar el libre tránsito contraviniendo al Art 11 constitucional.
Es importante recordar
el Movimiento Social encabezado por la Asamblea Popular Comunitaria, que surgió
en defensa del camino vecinal Sacramento, paralelo a la caseta de cobro entre los
años del 2017 y 2018.
Los orígenes del
conflicto se remontan a los primeros meses del 2018, cuando a raíz del cierre
de caminos y boicot de brechas vecinales se registró un aumento en accidentes
automovilísticos fatales, en el tramo de las conocidas “Curvas del Perico”,
también conocida como carretera libre entre la capital y la fronteriza ciudad
Juárez, lo que llamó la atención entre pobladores de la región y algunos medios
locales.
Ante la no
atención de parte de las autoridades, tanto de municipio como del estado, los
vecinos y habitantes de la región se acercaron a la Asamblea Popular
Comunitaria para proponernos una solución.
Desde el 1er día
de la liberación del Camino Vecinal el 10 de abril del 2018, la respuesta de
las autoridades resultó en ataques y
represión.
En esa ocasión
la policía se tuvo que replegar por la gran presencia popular.
A partir de ahí
hubo vaivenes e intentos por boicotear y cerrar la brecha Sacramento, mientras que
las agresiones del estado fueron subiendo de tono, afortunadamente el respaldo
y valentía popular de la región siempre estuvieron para revertir los ataques
del gobierno.
Así mismo fue
importantísima la solidaridad y apoyo de las organizaciones y grupos políticos
que cada que vez que hubo represión, salieron a respaldarnos.
Destacan las
acciones del 6 de julio del mismo año, cuando nos golpearon y detuvieron a 6
compañeros, por volver a liberar la brecha Sacramento.
Finalmente, la
represión más fuerte fue la ocurrida el 25 de mayo del 2019, con la detención
de 10 compañeras y compañeros, por elementos policiacos a órdenes explícitas
del gobernador Javier Corral Jurado, nos golpearon y reprimieron, no solo a
integrantes de la Asamblea Popular Comunitaria, sino a vecinos y asistentes de
la región.
La saliente
administración panista de Javier Corral, no quiere irse sin cerrar y boicotear
de igual forma las brechas y caminos vecinales de la zona, limitando la
circulación y tráfico vehicular únicamente por 2 vías: pagar por la caseta de
cobro y/o exponerse por las conocidas Curvas e la Muerte, perdón Curvas del
Perico.
Todo parece
indicar que Javier u administración panista quieren seguir lucrando a través de
las inconstitucionales Casetas de Cobro.
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