Asamblea Popular
Comunitaria
En medio de la Crisis
Sanitaria por Covid-19, el gobierno del estado de Chihuahua notificó al
Ingeniero Fernando Flores Madrid, representante de la Asamblea Popular
Comunitaria, para que recoja su tractor y maquinaria, después de que desde el
pasado 25 de mayo del 2019, con lujo de violencia y en pleno abuso de
autoridad, policías y empleados de Javier Corral Jurado sustrajeron, a manera
de robo, la maquinaria de trabajo con que se realizaban las maniobras, así como
privaron de su libertad a integrantes de la asamblea y manifestantes
solidarios, que realizaban la liberación del camino vecinal Sacramento.
Es de recordar el
conflicto político que marcó la liberación de la Brecha Sacramento el pasado 10
de abril del 2018.
“los manifestantes liberaron un camino vecinal que el Gobierno del
Estado mantenía bloqueado a pesar del acuerdo hecho anteriormente con los
ejidatarios de libertarlo a los pobladores, el “Inge” Fernando Flores, mencionó
la importancia de esta fecha (10 de abril) y cuan necesario es ponerle un alto
a las medidas recaudatorias del gobierno cargadas sobre las comunidades: Ante
la actitud del gobierno de estar tapando las vías de comunicación de los
productores campesinos, de los colonos, de los trabajadores de las diferentes
comunidades de la zona; hemos acordado detener está actitud recaudatoria.
Estamos hartos de esta situación por eso hemos procedido a tumbar portones,
bardas y tapar las zanjas que el gobierno había puesto para impedir el paso de
los productores y de los campesinos y si es necesario continuaremos con
acciones más fuertes.”[1]
La administración de
Javier Corral Jurado no tiene memoria, ni idea de la “Justicia Social” y en uno
de sus oportunismos más, intenta aprovechar la coyuntura Covid-19, para querer
dejar, entre otros, el conflicto y los daños de su política recaudatoria en el
olvido.
“Es de recordarse que días atrás (martes 10 abril), vecinos y pobladores
de las comunidades, implicadas en el paso Sacramento y alrededores, junto con
una asamblea popular comunitaria, entre otros, se vieron obligados a derrumbar
una barda y el portón que impedían el libre tránsito vehicular del camino
paralelo a la caseta de cobro”[2].
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