lunes, 18 de diciembre de 2017

VIERNES NEGRO



Por: Julio Morales Quiñones. (17-12-2017)
VIERNES NEGRO.

Como se esperaba; la propuesta de “Ley de Seguridad Interna” con todo y vicios inconstitucionales  se aprobó en el senado y se enviará al ejecutivo federal para sus efectos Constitucionales. Con su bancada completa, el partido en el poder, con su satélite el verde ecologista y varios renegados del PAN, se anticipan así, a los posibles conflictos que desaten los resultados electorales de 2018. Es la capitulación del poder civil a lo que el gobierno entiende como amenazas y riesgos; los que él no puede atender y recurre a las fuerzas armadas. Aprobada, contra recomendaciones, experiencias, lecciones internacionales que proponen construir seguridad con democracia y derechos humanos mediante proyectos de trabajo con las comunidades; que incluyan prevención del delito, seguridad ciudadana, mejoras policiales, etc. Avanza la transferencia inconstitucional del trabajo de la autoridad civil, al mando militar, sin argumento válido, que nos convenza de que el despliegue militar de los últimos 10 años, el más intenso de la historia actual, haya reducido, daños, amenazas y riesgos.

Los ciudadanos vemos el despliegue militar masivo creciente y ninguna reducción de coacciones y conflictos. Es posible se genere un contra incentivo de consecuencias inimaginables; un desacierto que relaje aún más a las autoridades civiles que son las que nos ofrecen seguridad cada vez que van por nuestro voto. Ante el Alto Comisionado de la ONU, el gobierno mexicano argumenta el uso de la milicia, dado que enfrenta el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo en los más de 3mil kms de frontera con EU, que dota de recursos financieros casi ilimitados, a organizaciones criminales; el persistente tráfico ilícito de armas de alto poder, a través de la frontera con alrededor de 9 mil tiendas de armas que nutren al crimen organizado, que rebasan con mucho la capacidad de las policias federales, estatales y locales. Las propias autoridades de EU decidieron hace 20 años encaminar por nuestro territorio el flujo de drogas procedentes del sur del continente, incidencia imposible de enfrentar con las policías. El gobierno mexicano convocó como último recurso de auxilio a las fuerzas armadas.

Pero alegar que en ningún caso la actuación de las fuerzas armadas suplanta a las autoridades civiles legítimamente constituidas, es mentira. Por supuesto que tenemos un problema de ineficacia policial, que la política norteamericana nos está afectando. Esto pareciera un aliciente para que el gobierno se lave las manos y no desarrolle una política verdadera de seguridad pública en materia policial; es un círculo perverso para volvernos otra vez a una ruta que no tiene salida; en lugar de dar a la autoridad civil toda la responsabilidad y también diplomática porque es un tema a tratar con EU, ilegalmente el ejército suplantará la labor de las policías; cuando además se tiene la trayectoria documentada en más de 10 años en la que el ejército no ha podido remontar los resultados negativos de sus intervenciones.

Los que defienden esta ley no se ponen de acuerdo. Por un lado nos dicen que con esta ley se usará menos al ejército y por otro lado el gobierno emite un comunicado diciendo que necesita de la milicia.

La verdad desnuda se exhibe claramente; lo que tenemos enfrente no es una ley con respaldo sólido, sino que existe un acto de poder sin fundamento válido. Utilizan de forma perversa la desesperación, el temor de la gente y la confianza hacia las fuerzas armadas; utilizan ambos aspectos para explotar políticamente este momento y sacar adelante la Ley. La gente no tiene ya expectativa de que la ley lo proteja, porque el estado mexicano destruyó la confianza de que la autoridad civil sea útil. Por eso ponen al frente a las fuerzas armadas, llevándolas a una tarea que no les corresponde. 

El general secretario de la defensa dijo: “No olvidamos que esto es inconstitucional”, pero no están seguros ni preparados para desarrollarla cabalmente. Mientras, para analistas críticos, académicos y personajes destacados en las artes y la cultura, la aprobación de esta ley es sumamente grave, de consecuencias impredecibles, pero están prestos a utilizar todos los recursos jurídicos al alcance para echarla abajo.